La casación escucha a defensa y fiscales sobre decomiso

La expresidenta Cristina Kirchner sigue enfrentando complicaciones legales. Recientemente, el Tribunal Oral Federal 2, que le impuso una pena de 6 años de prisión por la causa Vialidad, rechazó un recurso presentado por su defensa. Este recurso buscaba evitar el decomiso de bienes por un monto total de u$s530 millones.

De esta forma, el caso se dirige a una nueva audiencia, que se llevará a cabo el 11 de septiembre. En esta reunión, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal se reunirá para discutir cómo se llegó al monto final de la confiscación, un tema que preocupa a muchos.

En esta audiencia, se revisarán los recursos de casación que la defensa de Kirchner presentó contra la decisión del tribunal, particularmente referidos al índice de actualización utilizado para calcular el monto del decomiso. Es un punto crucial, ya que podría afectar la cantidad que se busca recuperar del patrimonio de la exmandataria.

Adicionalmente, se analizará si será necesario actualizar el monto de la confiscación que ya fue establecido en 2022, y que posteriormente fue apelado. La situación es compleja, y la defensa de Kirchner sostiene que los jueces que dictaron el fallo inicial no tienen la competencia adecuada para determinar este tipo de medidas.

El juez Marcelo Bruno Dos Santos, encargado de la demanda civil en el marco de la causa Vialidad, había hecho una resolución inicial a favor de Kirchner, al considerar que el Estado no había activado el reclamo por más de seis meses. Sin embargo, esta decisión fue apelada, y la causa continuó abierta, lo que generó más incertidumbre sobre el futuro del caso.

Con el rechazo a las demandas de incompetencia de la defensa, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 ha confirmado que se encargará de avanzar con el decomiso. Cabe mencionar que los jueces argumentaron que el decomiso tiene un objetivo reparador: busca recuperar bienes que se obtuvieron de manera ilícita, con el fin de beneficiar a la sociedad.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola serán los responsables de identificar los bienes que pueden ser objeto de decomiso, y su tarea será alcanzar la suma de u$s530 millones. La próxima audiencia definirá no solo el futuro patrimonial de Kirchner, sino que también puede tener repercusiones importantes en el ámbito político y social del país.

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